Pronto habrá otra manera de hacer que la UE actúe sobre temas que interesan a los europeos. Pero ¿cómo funciona en la práctica la iniciativa ciudadana?
Creada por el Tratado de Lisboa, la iniciativa ciudadana europea pretende hacer más democrática a la UE al permitir una participación más directa de la ciudadanía en sus políticas.
Tras entrar en vigor el Tratado en diciembre de 2009, la Comisión, responsable de elaborar
normativas, tiene ahora la obligación formal de atender a las propuestas de los ciudadanos siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.
Y ello "cabe esperar que suscite un animado debate sobre lo que se hace aquí en Bruselas”, afirma Maroš Šefčovič, nuevo Comisario de Administración y Relaciones Interinstitucionales.
Según el Tratado, la iniciativa debe contar con el respaldo mínimo de un millón de ciudadanos de al menos un tercio de países miembros – lo que en la actualidad equivaldría a nueve – para que el Ejecutivo europeo la tome en consideración.
Pero la Comisión, que ha seguido desarrollando la idea, quiere ahora introducir una serie de normas que los europeos deben observar a la hora de formular peticiones. Según sus propuestas, el número de firmas reunidas en cada país debe ser proporcional a su tamaño: de 4.500 en el caso de los cuatro más pequeños a 72.000 en el del mayor (Alemania).
Una vez reunidas al menos 300.000 firmas en un mínimo de tres países, la Comisión registrará la propuesta y decidirá si la iniciativa entra en sus competencias. A partir de ese momento, los organizadores dispondrán de un año para reunir las
firmas que aún se necesiten.
Si la iniciativa cumple los requisitos, Bruselas tendrá cuatro meses para optar entre elaborar legislación, hacer un estudio o no tomar medida alguna, pero, en cualquier caso, deberá explicar públicamente sus motivos.
Para evitar fraudes, los firmantes tendrán que indicar su domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad y un número de identificación personal: carné de identidad, pasaporte o número de seguridad social. Por su parte, los organizadores deberán dar cuenta de quién financia la iniciativa.
Aunque el Parlamento y el Consejo deben antes aprobar la normativa, ya podrían presentarse iniciativas de este tipo en 2011.
Creada por el Tratado de Lisboa, la iniciativa ciudadana europea pretende hacer más democrática a la UE al permitir una participación más directa de la ciudadanía en sus políticas.
Tras entrar en vigor el Tratado en diciembre de 2009, la Comisión, responsable de elaborar
normativas, tiene ahora la obligación formal de atender a las propuestas de los ciudadanos siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.Y ello "cabe esperar que suscite un animado debate sobre lo que se hace aquí en Bruselas”, afirma Maroš Šefčovič, nuevo Comisario de Administración y Relaciones Interinstitucionales.
Según el Tratado, la iniciativa debe contar con el respaldo mínimo de un millón de ciudadanos de al menos un tercio de países miembros – lo que en la actualidad equivaldría a nueve – para que el Ejecutivo europeo la tome en consideración.
Pero la Comisión, que ha seguido desarrollando la idea, quiere ahora introducir una serie de normas que los europeos deben observar a la hora de formular peticiones. Según sus propuestas, el número de firmas reunidas en cada país debe ser proporcional a su tamaño: de 4.500 en el caso de los cuatro más pequeños a 72.000 en el del mayor (Alemania).
Una vez reunidas al menos 300.000 firmas en un mínimo de tres países, la Comisión registrará la propuesta y decidirá si la iniciativa entra en sus competencias. A partir de ese momento, los organizadores dispondrán de un año para reunir las
firmas que aún se necesiten.Si la iniciativa cumple los requisitos, Bruselas tendrá cuatro meses para optar entre elaborar legislación, hacer un estudio o no tomar medida alguna, pero, en cualquier caso, deberá explicar públicamente sus motivos.
Para evitar fraudes, los firmantes tendrán que indicar su domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad y un número de identificación personal: carné de identidad, pasaporte o número de seguridad social. Por su parte, los organizadores deberán dar cuenta de quién financia la iniciativa.
Aunque el Parlamento y el Consejo deben antes aprobar la normativa, ya podrían presentarse iniciativas de este tipo en 2011.
Fuente: Comisión Europea
