Las pequeñas empresas de toda Europa se están viendo perjudicadas por empresarios deshonestos que utilizan prácticas desleales, tales como la publicidad engañosa. Los defraudadores se esconden tras las fronteras nacionales y explotan la vulnerabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas, cuando hacen negocios en otros países de la UE.También pueden ser víctimas las profesiones liberales, médicos o abogados, y las organizaciones de la sociedad civil. Para protegerlas mejor, la Comisión Europea está poniendo en marcha una consulta pública que permita recoger más información de las empresas y otros afectados sobre la naturaleza y escala de estas prácticas desleales, incluidas las estafas en línea. Una vez efectuada la consulta, la Comisión evaluará cuál es la mejor manera de evitar que esos comerciantes deshonestos exploten las lagunas normativas y de garantizar que los comerciantes honrados reciban la protección adecuada.
«Las pequeñas empresas son la espina dorsal de la economía europea y no pueden permitirse perder dinero con timadores», señaló la Vicepresidenta Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «Necesitamos unas normas europeas sólidas y efectivas que impidan las prácticas desleales y que garanticen que sus responsables no pueden esconderse tras las fronteras nacionales.»
Empresas, profesionales y organizaciones de la sociedad civil establecidos en la
UE a diario son víctimas a diario de prácticas desleales. Éstas pueden ir de omitir
información importante o que la información sobre lo ofrecido sea falsa o fraudulenta, en forma, sobre todo, de publicidad engañosa, a utilizar el acoso, la
coerción o la influencia indebida.
Los 23 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME) de la UE representan el 99 % de las empresas y son especialmente vulnerables a las estafas. Sin embargo, a veces incluso empresas más grandes caen atrapadas en sistemas fraudulentos.
Un fraude corriente consiste en empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios. Estas empresas remiten formularios a las empresas pidiéndoles que
actualicen sus datos, supuestamente gratis. Pero una vez que la víctima haya expresado su acuerdo, se le dirá que ha firmado un contrato y que se le ha cargado una importante suma anual. Una investigación llevada a cabo por el Parlamento Europeo en 2008 documentó 13 000 denuncias sobre estafas mediante directorios de empresas, y se cree que esto es solo la punta del iceberg.
Se descubrió que habitualmente se pedía a las empresas que abonaran 1 000 euros.
A menudo ni siquiera informan de las prácticas desleales de las que son víctimas,
debido a la falta de tiempo o porque no saben con quién ponerse en contacto.
La consulta pública de la Comisión recopilará datos de personas, empresas y sociedad civil. Una vez finalizada la consulta, la Comisión presentará en la primera mitad de 2012 las opciones para una futura actuación de la UE, que podría comportar cambios legislativos.
Las partes interesadas pueden presentar sus puntos de vista en:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/
La consulta pública se llevará a cabo hasta el 16 de diciembre de 2011.
Fuente: Rapid
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