El pasado 10 de octubre se celebró el Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte. La Unión Europea, que se opone a la aplicación de la pena capital en cualquier caso y circunstancia, cuenta entre los objetivos esenciales de su política de derechos humanos la abolición universal de esa pena.
Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, ha declarado: «La pena capital es un acto cruel, inhumano e irreversible que viola el derecho humano fundamental a la vida y a la dignidad. El error judicial, supuesto del que no está inmune ningún ordenamiento jurídico, acarrea la pérdida dramática e irreversible de una vida humana. La pena de muerte ni revierte el delito que aspira a castigar ni alivia la pérdida de la víctima. Debería haberse convertido ya en una reliquia del pasado.».
La Unión Europea reitera periódicamente su oposición a la pena de muerte y utiliza los distintos medios diplomáticos de que dispone (declaraciones, gestiones y diálogos sobre derechos humanos con sus socios, entre otros) para promover la causa de su abolición mundial. El movimiento abolicionista es una de las máximas prioridades tanto del recientemente aprobado Marco estratégico y Plan de acción en materia de Derechos humanos y democracia como del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDDH).
Si bien la tendencia mundial es de constante progreso hacia la abolición, 20 de los 58 países retencionistas que existen aún en el mundo siguen practicando ejecuciones a un ritmo alarmante. La UE hace un llamamiento para que, incluso en los lugares donde siga aplicándose la máxima pena, su uso vaya limitándose progresivamente y se ajuste a las normas mínimas internacionalmente acordadas.
La campaña de la UE contra la pena de muerte es igualmente activa en foros multilaterales como las Naciones Unidas, y de hecho está contribuyendo a la adopción de la Resolución 67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una moratoria en el uso de la pena de muerte. La UE sigue animando a todos los Estados a que suscriban el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, principal instrumento internacional de las Naciones Unidas para la abolición de la pena de muerte.
Además de efectuar contribuciones decisivas a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil por abolir la pena de muerte, la UE ha sido el primer organismo regional en adoptar normas que prohíben el comercio de artículos utilizados para la pena capital (o para la tortura o el trato degradante) y la prestación de asistencia técnica en relación con dichos artículos.
Fuente: Servicio de prensa de la Comisión Europea (RAPID)
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