DERECHO A LA INFORMACIÓN

Los representantes de los Estados miembros de la UE han acordado un proyecto de normativa que garantiza el derecho a la información de los demandados en los procesos penales en cualquier lugar de la UE en el que se encuentren. La Comisión Europea propuso la medida en julio de 2010 (IP/10/989) como parte de su esfuerzo para garantizar el derecho de los ciudadanos a un juicio imparcial en toda la UE. Este es el segundo paso de una serie de medidas para establecer normas comunes de la UE en los procesos penales. El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la primera propuesta, que daba a los sospechosos el derecho a la traducción e interpretación, (IP/10/1305) en octubre de 2010. La Directiva propuesta sobre el derecho a la información en los procesos penales pasará ahora al Parlamento Europeo para su adopción en las próximas semanas, antes de su adopción definitiva en la reunión de ministros en el Consejo. Con arreglo a la nueva normativa, los sospechosos de un delito deberán ser informados de sus derechos en un idioma que entiendan. La medida garantizará que los países de la UE darán a toda persona detenida – o que sea objeto de una Orden de detención europea – una Declaración de Derechos en la que se enumeren sus derechos básicos durante los procesos penales. La Comisión ha facilitado a los Estados miembros un modelo de declaración, que será traducida a las 23 lenguas de la UE. Además del derecho a la traducción e interpretación (véanse IP/10/1305 y MEMO/10/351), el derecho a la información en los procesos penales es parte de una serie de garantías procesales cuyo objetivo es reforzar la confianza en el espacio único de justicia de la UE.
La Directiva garantizará que la policía y los fiscales informen a los sospechosos de sus derechos. Cuando se proceda a la detención, las autoridades deberán entregar esta información por escrito, en una Declaración de derechos, redactada en un lenguaje sencillo y cotidiano. La declaración se entregará a los sospechosos en el momento de la detención en todos los casos, independientemente de si la solicitan o no, y traducida si es necesario.
La Declaración de derechos contendrá información práctica sobre los derechos de los acusados:
- a la asistencia letrada;
- a ser informado de los cargos y, cuando proceda, a tener acceso al expediente;
- a la interpretación y a la traducción para quienes no comprendan el idioma de procedimiento;
- a comparecer con prontitud ante un tribunal tras la detención.
La Declaración de derechos contribuirá a evitar errores judiciales y a reducir el número de recursos.
Todos los años tienen lugar 8 millones de procesos penales en la UE. En la actualidad, las probabilidades de que un ciudadano cuente con una información adecuada sobre sus derechos en caso de detención varía según el Estado miembro de la Unión Europea. En algunos Estados miembros, los sospechosos solo reciben información oral sobre sus derechos procesales, y en otros la información escrita solo se proporciona si se solicita.

Fuente: Rapid