La ayuda regional de la UE supone 50 000 millones de euros anuales y financia miles de proyectos que benefician directamente a los ciudadanos, desde trenes de alta velocidad hasta centrales de energía solar o programas de formación. Sus normas de programación y financiación caducan en 2013 y los legisladores de la UE deberán renegociarlas. La Comisión Europea presentó unas primeras ideas para la reforma el pasado otoño en su Quinto informe sobre la cohesión y se espera que antes de verano publique los proyectos de ley. Para que este debate pueda beneficiarse de los conocimientos especializados de los entes locales y regionales europeos, el Comité de las Regiones (CDR) ha aprobado hoy su dictamen oficial relativo al informe sobre la cohesión.
El Comité de las Regiones señala que la política de cohesión ha conseguido reducir algunas disparidades entre las regiones europeas y dentro de ellas. Sin embargo, sigue habiendo grandes desequilibrios: la futura política de cohesión debe contar con los recursos para reducirlos aún más. El esfuerzo debe basarse en las necesidades de desarrollo de las regiones y ciudades y no servir solo para apoyar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Los representantes regionales y locales europeos señalaron que los fondos no deben vincularse a una serie limitada de prioridades impuestas, sino que las prioridades deben definirse a escala local tras analizar los puntos fuertes y débiles de la región.
Los miembros del CDR argumentan que la política de cohesión debe abarcar todas las regiones europeas, centrándose especialmente en las menos desarrolladas. Para orientar con más precisión las ayudas, sugieren estudiar la creación de una nueva categoría «intermedia» de financiación para aquellas regiones cuyo producto interior bruto (PIB) esté entre el 75 % y el 90 % de la media de la UE, sea cual sea su financiación actual. El Comité reitera también su llamamiento para que se incorporen más criterios al PIB –como los indicadores de desarrollo territorial, social y medioambiental– sobre todo en la aplicación y la evaluación de los programas.
En su informe sobre la Cohesión, la Comisión propone asimismo congelar las ayudas regionales a los Estados miembros que incumplan las normas de la UE sobre el déficit presupuestario. Los miembros del CDR se oponen firmemente a semejante "condicionalidad externa" de los Fondos Estructurales. Esta medida castigaría sobre todo a los entes locales y regionales por los errores de su gobierno nacional.
El Comité pide igualmente un incremento presupuestario y más asistencia técnica para cooperación territorial entre los entes regionales y locales. Gestionar los proyectos financiados por la UE se ha convertido en algo muy complejo y el CDR insiste en una mayor simplificación que debería incluir, por ejemplo, acortar los plazos para reembolsar a los beneficiarios, crear una serie de normas comunes de auditoría para proyectos transfronterizos y normas más sencillas para los proyectos que generen sus propios ingresos.
Los miembros del Comité también destacaron el valor añadido del Fondo Social Europeo, que representa 10 000 millones de euros anuales. Su carácter plurianual aporta una estabilidad muy necesaria, tanto a las comunidades locales como a los promotores de los proyectos. Al mismo tiempo, sus normas de financiación son más flexibles que muchos programas nacionales, lo que facilita poner en marcha proyectos sociales o de formación. En opinión del CDR, el futuro FSE debe centrarse más en prioridades transversales, como la integración social, la lucha contra la discriminación por razones de sexo y edad y la protección de los grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidad, los inmigrantes y la comunidad romaní.
Fuente: Servicio de prensa de la UE (Rapid)
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